ENGAÑADOS

EN EL INVERNADERO

TERCERA EDICIÓN

Contra las soluciones falsas al cambio climático

Instrumentos De Fijación De Precios Al Carbono

En la última década, los sistemas de fijación de precios del carbono se establecieron como la estrategia principal para abordar la crisis climática. Sin embargo, los enfoques que le asignan un valor monetario a la contaminación de los gases de efecto invernadero ocultan el hecho de que la fijación de los precios al carbono permite que la extracción de combustibles fósiles continúe de manera ininterrumpida bajo la falsa idea de que las fuerzas del mercado impulsarán una reducción significativa de las emisiones. Esta sección describe los principales instrumentos de fijación de precio al carbono y demuestra por qué son soluciones falsas para la crisis climática.

Los cimientos de las políticas del clima basadas en el mercado global comenzaron a echarse en 1997 con el Protocolo de Kioto, un tratado que exigía a los países desarrollados adoptar compromisos vinculantes para reducir las emisiones. Sin embargo, permitía que estos compromisos se alcanzaran a través de sistemas de transacción de emisiones. Los sistemas de límites máximos (“tope y trueque”) se promovieron bajo el Protocolo de Kioto como modo de limitar las emisiones con un tope y permitir que las corporaciones intercambiaran permisos entre sí, con la regulación del gobierno. En el sistema de límites máximos, las empresas que contaminan y los inversores que buscan nuevos horizontes de ganancias pueden comprar, vender y acumular concesiones otorgadas sin costo o subastadas por el gobierno. Las empresas que contaminan pueden emitir más de la cantidad permitida (el tope) al comprar concesiones de otros participantes del mercado. Todos los sistemas de límites máximos incluyen compensaciones de carbono. Los créditos de compensación de carbono se generan a partir de proyectos que afirman reducir las emisiones en otro sitio mediante otra actividad. Las empresas que contaminan compran compensaciones para justificar su aumento en la contaminación.

Los programas de límites máximos y de compensaciones no reducen directamente las emisiones ni el uso de combustibles fósiles. En cambio, permiten que las industrias sigan contaminando si compran más concesiones o reducciones en otros lugares, lo cual ocasiona que las emisiones solo se reduzcan cuando es viable económicamente (si es que se reducen en absoluto), y el resultado es que la contaminación persiste en zonas desproporcionadamente pobladas por comunidades pobres y de color. Además, los mercados del carbono siguen sometiéndose a ciclos de expansión y contracción. Como normalmente se imponen precios bajos, los incentivos económicos para que las empresas que contaminan reduzcan las emisiones son mínimos. Los sistemas de límites máximos y de compensaciones bajo la regulación del gobierno se llaman mercados de cumplimiento regulado, mientras que los mercados voluntarios no entran en la estructura regulatoria de los gobiernos y por lo tanto no son regulados. Los mercados voluntarios son establecidos por empresas privadas motivadas por el lucro y organizaciones conservacionistas con la finalidad de vender créditos de compensaciones a consumidores, entidades contaminantes, aerolíneas y corporaciones. 

as compensaciones de carbono son a menudo explotadoras y restringen la soberanía territorial y los derechos de los pueblos indígenas, así como el acceso a la tierra por parte de las personas negras, personas de color y comunidades de bajos ingresos. [4] Las compensaciones de carbono pueden provenir de proyectos de gran escala que en realidad destruyen el medioambiente, como represas hidroeléctricas, plantas de biomasa, minas de captura de metano, reemplazo de combustibles o proyectos de eficiencia, “gestión forestal”, cría intensiva de animales digestores de metano y muchos otros más. Las compensaciones forestales y de otros tipos de tierras son particularmente problemáticas porque tratan falsamente a la reducción de las emisiones de combustibles fósiles como equivalentes a la reducción de emisiones provenientes de prácticas de uso de la tierra, como la gestión forestal, a pesar de que está demostrado científicamente que el carbono de los fósiles y el carbono de la tierra son fundamentalmente diferentes y no deberían tratarse como si fueran iguales.[5]  Otra serie de problemas surge a causa de las medidas de contabilización, que sirven de distracción y procuran demostrar de manera poco creíble que las reducciones serán permanentes y que no habrían ocurrido sin el programa de compensaciones.[6][7]

Las compensaciones forestales no implican que la industria maderera ni las comunidades van a dejar de cortar árboles. Por ejemplo, en el sistema de límites máximos de California, los contratos (que a menudo son por 99 años) acuerdan la “gestión forestal”, lo cual implica solamente una reducción en la cantidad de árboles talados. Además, el precio del carbono en sí ha permanecido tan bajo que no puede competir con las materias primas con alto riesgo de ser obtenidas de la deforestación, como la soja, la palma, la madera y los combustibles fósiles. Como si esto fuera poco, es cada vez más común que los corredores de bolsa de carbono en el mercado voluntario se dirijan al liderazgo gubernamental de las naciones indígenas con el fin de ganar acceso a los derechos sobre el carbono en sus tierras.

En 2007, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Banco Mundial lanzaron el polémico esquema colonialista REDD (Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal). En 2010, REDD se amplió a REDD-plus, que se proponía incluir la conservación de bosques, la “gestión sostenible de los bosques” y el “aumento de las reservas forestales de carbono”. Comúnmente, los proyectos REDD-plus ofrecen una promesa de incentivos económicos a las comunidades del sur global —a menudo abordando a comunidades indígenas con bosques aún intactos— si ceden a la gestión forestal y a venderles créditos por el carbono que supuestamente almacenan los bosques a las empresas que contaminan. Este tipo de proyecto suele ir acompañado de la afirmación de que la deforestación es consecuencia del escaso valor económico que se le asigna a los bosques intactos, y que el otorgamiento de fondos a los países del sur para la conservación de los bosques ayudará a protegerlos y, al mismo tiempo, fomentará el desarrollo económico. Esta afirmación ha sido rebatida por muchos pueblos indígenas y comunidades forestales, que advierten que ponerle precio a los bosques solo ha provocado más acaparamientos de tierras por parte de los comerciantes del carbono, las empresas grandes y los gobiernos. 

En la práctica, los proyectos REDD-plus tienden a seguir la estrategia de “divide y vencerás”. Es común que las comunidades se vean sometidas a nuevas restricciones que afectan sus actividades de sustento, nuevas cargas de contabilidad, acaparamientos de tierras, así como a la criminalización, mientras que el dinero prometido suele no llegar y las tensiones y las divisiones internas en las comunidades crecen. La mayoría de las comunidades ni siquiera son informadas de que el objetivo del contrato que han firmado es producir derechos de contaminación para industrias y sectores de comercio lejanos, negando cualquier esfuerzo de procurar el consentimiento de las comunidades.[8] 

Los esquemas de fijacion de precios al carbono deben reconocerse como la que son: extensiones injustas y coloniales de un sistema capitalista opresivo, racista y patriarcal.

Otra política de mitigación del cambio climático es el impuesto al carbono, una tarifa que se les impone a las empresas que contaminan por las emisiones que producen. Históricamente, los impuestos al carbono nunca impidieron que las industrias contaminaran, puesto que las corporaciones pueden tranquilamente mitigar sus costos trasladándolos a los consumidores, reduciendo el salario de los trabajadores, destruyendo los sindicatos, evadiendo impuestos y haciendo cabildeo para obtener más subsidios o inmunidad contra demandas, por nombrar solo algunas estrategias.[9] Últimamente ha habido un interés aumentado en la tal “anidación” de proyectos REDD-plus con un impuesto al carbono, que le permite a las industrias contaminantes liberarse del impuesto al carbono si invierten en proyectos REDD-plus.[10] 

Los sistemas como el de “comisión de carbono y dividendo” o “tope e inversión” son esquemas tributarios paraLos esel carbono que pretenden que los impuestos que pagan las corporaciones se utilizarán en la creación de ingresos para iniciativas de mitigación del cambio climático o a reembolsos para los consumidores de energía. Suiza y Canadá usan estos esquemas. En los Estados Unidos, estos impuestos al carbono han sido infligidos a las comunidades pobres y de color con promesas de redistribución de los ingresos, con la sola finalidad de hacer cabildeo y ganar apoyo para el impuesto al carbono. Si bien estos sistemas son tentadores, lo cierto es que no son más que una distracción de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, porque los ingresos tributarios dependen de que siga habiendo contaminación, y no toma ninguna acción para ponerle fin al modelo extractivista. Mientras que los pueblos indígenas luchan contra el “fracking”, los gasoductos y los oleoductos, y mientras que las comunidades asiáticas, negras y latinas luchan contra el asma y otras desigualdades en la salud a causa de vivir cerca de refinerías de petróleo —la comisión y el dividendo del carbono crea divisiones en los movimientos de justicia climática y ambiental— pues, con la presunción de ofrecer pagos a ciertas comunidades o proyectos, el impuesto al carbono genera un mecanismo de dependencia financiera basado en la contaminación adicional. Los pagos pueden darse bajo la forma de “beneficios” que pueden financiar a empresas privadas en lugar de comunidades, y que en última instancia solo ofrecen más soluciones falsas.

En un intento de impulsar los debilitados mercados del carbono, alrededor del 2013 la industria extractivista y las organizaciones que promueven el comercio de carbono comenzaron a buscar un cambio de imagen. Por esa misma época, los gobiernos y las corporaciones combinaron el comercio de carbono, las compensaciones, los impuestos, el esquema REDD-plus y otros proyectos de comercio basados en la conservación bajo el nombre común de instrumentos de fijación de precio al carbono, con la ambición de unificar en un marco mundial los diversos esquemas que se estaban implementando. El Acuerdo de París en 2015 consolidó aún más este objetivo al elaborar mecanismos para que los países cumplieran con la reducción de emisiones a través de la vinculación de los sistemas regionales de comercio de carbono y otros enfoques a los instrumentos de fijación de precio al carbono.   

El artículo 6 del Acuerdo de París se ocupa de los instrumentos de fijación de precio al carbono. En este artículo, se incluyen dos mecanismos principales para comercializar la contaminación. El artículo 6.2 habla de enfoques cooperativos y les permite a las partes comerciar directamente sin tener que recurrir a un mecanismo internacional. Este artículo puede usarse en situaciones en las que los instrumentos nacionales o regionales, como el Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE), se vinculan con otros sistemas similares para crear un mercado del carbono transfronterizo. El artículo 6.2 también permitía que pudieran utilizarse sistemas basados en créditos de carbono nacionales y bilaterales que operaran fuera del ámbito de la CMNUCC. Así, por ejemplo, las actividades de mitigación del cambio climático pueden implementarse en un país y la reducción de la emisión puede transferirse a otro país, a través de mecanismos de contabilidad de carbono, dentro de los llamados Resultados de mitigación de transferencia internacional (ITMlOs, siglas en inglés). Luego, los ITMOs se cuentan dentro del objetivo de reducción de emisiones de un país, llamado Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN). Las reducciones incluyen la mayoría de las soluciones falsas que se presentan en esta publicación.

Históricamente, el mecanismo de compensaciones de carbono mundial más grande ha sido el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que se estableció a través del Protocolo de Kioto. El artículo 6.4 es la cláusula mediante la cual se proyecta convertir el MDL en el Mecanismo de Desarrollo Sostenible (MDS) en el Acuerdo de París. Las compensaciones nuevamente se suman a las CDNs de las Partes. Siguen habiendo varios interrogantes acerca de qué pasará con los créditos de los MDL que aún existen, cómo funcionará el MDS y quién podrá participar. En el momento en que se escribe esto, queda claro que esta es una invitación a las grandes empresas a través de “ofrecer incentivos adecuados” para el sector privado.[11] 

Por último, el artículo 6.8 se apoya en los enfoques no basados en el mercado. Esta sección da lugar a iniciativas de conservación sórdidas, como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), que cambian un valioso ecosistema por un proyecto de “conservación” en otro lugar. Los proyectos de PSA a menudo promueven la expansión de las industrias de combustibles fósiles, cuando el Estado les exige implementar proyectos sociales o ecológicos a través de una Licencia Social para Operar (LSO), o a través de requisitos de permisos ecológicos. Estos proyectos permiten que el extractivismo destruya regiones enteras en nombre del desarrollo, siempre y cuando un proyecto compensatorio se implemente en otro lugar (ver Soluciones basadas en la naturaleza).

Mientras la estructura del comercio de emisiones del Acuerdo de París seguía bajo negociación, hacia fines del 2019 el mundo vio cómo, por primera vez, los mercados voluntarios suplantaron los mercados de cumplimiento regulado. Las grandes empresas estaban ansiosas por declarar la neutralidad de carbono en los florecientes mercados voluntarios desregularizados. Desde las principales aerolíneas hasta Microsoft, TC Energy y Amazon, las compensaciones de bosques y basadas en la tierra, junto con todo el resto de los instrumentos de fijación de precio al carbono, se lanzaron a conquistar una nueva frontera. Actualmente, términos engañosos y de dudosa naturaleza como “objetivos de emisiones netas de valor cero”, “neutralidad de carbono”, “carbono positivo”, “carbono negativo”, “soluciones basadas en la naturaleza” (SBN) y “captura de carbono” inundan las políticas y el discurso corporativo (ver Soluciones basadas en la naturaleza y Captura de carbono). El término “emisiones netas de valor cero”, si bien parece implicar que no se producen emisiones de carbono, en realidad significa que una empresa, un gobierno u otra entidad puede restar sus emisiones totales existentes en una hoja de cálculo para sumar “cero” con algunas teclas y compensaciones de carbono. No obstante, las emisiones no desaparecen.

Recientemente, se ha observado un peligroso viraje no solo hacia la monetización del carbono como un nuevo producto de servicio ambiental, sino hacia la consideración de la naturaleza como un fenómeno que está en el mismo plano que la tecnología. Así, la nueva ola de geoingeniería climática se enfoca en la “eliminación del dióxido de carbono” a través de tecnologías que no han sido probadas, como la captura directa del aire y la captura y el almacenamiento de carbono (CAC) (ver Geoingeniería y captura de carbono). Para lograr los objetivos de emisiones netas cero, además de la captura de carbono, el foco en la eliminación del carbono se extiende a las tales Soluciones basadas en la naturaleza, que se han convertido en el nuevo nombre para carbono de los sectores de la tierra. Están surgiendo nuevos mecanismos de comercio de emisiones que ofrecerían una plataforma para la comercialización de las ahora tradicionales compensaciones forestales y extender las compensaciones de carbono de los sectores de la tierra hacia los sectores del suelo, la agricultura y el gas producido por las granjas industriales (ver Soluciones basadas en la naturaleza).

Mientras la acumulación de emisiones y las consecuencias sobre los ecosistemas siguen siendo ignoradas por los impulsores de los instrumentos de fijación de precio al carbono, el nuevo énfasis en la eliminación del dióxido de carbono y las SBN se ha unido a la persistencia de las tradicionales compensaciones forestales, que siguen siendo muy utilizadas. En ese sentido, cuanto más cambian las cosas, más iguales se quedan, con lo cual queda en evidencia que la eliminación del dióxido de carbono, las “soluciones climáticas naturales”, las emisiones netas cero y las SBN no son más que medidas destinadas a distraernos del verdadero problema: el extractivismo. Mientras los gobiernos, las corporaciones y las ONGs siguen intentando desarrollar un mercado de carbono mundial a través de la unión de mercados nacionales y subnacionales a partir del artículo 6, los esquemas de fijación de precios al carbono deben reconocerse como lo que son: extensiones injustas y coloniales de un sistema capitalista opresivo, racista y patriarcal cuyo objetivo es mantener el statu quo y justificar el robo de tierras para seguir extrayendo combustibles fósiles del suelo y madera de los bosques con el fin de seguir llenando los bolsillos de la élite global.

Indigenous Environmental Network: ienearth.org, co2colonialism.org

REDD-Monitor: redd-monitor.org

×
×

Cart